Hoy Diario del Magdalena, sección Editorial

Editorial

En varias ocasiones el Gobierno Nacional ha puesto de ejemplo al departamento del Magdalena, como uno de los entes territoriales pioneros en el desarrollo del plan de agua potable, considerado como la verdadera revolución social para que la gente en pleno Siglo XXI tenga acceso a tan vital servicio público.

El Plan Departamental de Agua Potable es una respuesta contundente a los deficientes servicios de agua potable en muchos de los municipios que atentan contra la salud de la población. Fue una enorme irresponsabilidad y un descuido que se volvió tradicional por parte de las administraciones locales que no le prestaron atención al problema, se robaron la plata y los recursos que se destinaban fueron fuente permanente de corrupción. Recursos destinados a la construcción de acueductos tuvieron desvíos ilícitos en muchos casos. Y así se fueron acumulando los problemas, con la indiferencia de quienes estaban obligados a buscar las soluciones del caso.

De acuerdo con el cronograma trazado y varias veces elogiado por la viceministra Leyla Rojas, el Plan avanza de manera satisfactoria y aspira a cubrir las expectativas que la comunidad se hecho.

Para el desarrollo del Plan Departamental de Agua Potable es decisiva la participación y vinculación de los municipios. Y su ejecución y vigilancia corresponde al Ministerio de Ambiente. La finalidad es la de garantizar a las comunidades locales un servicio óptimo, tanto en calidad como en cobertura, para superar las carencias que crónicamente se han padecido en el suministro del preciado líquido.

En el Magdalena las bases de ese plan, ajustadas a las necesidades regionales, apuntan a que dentro de pocos años todo el departamento pueda tener un eficiente servicio. Y es responsabilidad de los alcaldes su cumplimiento y total vocación política para contribuir a que el Plan siga adelante y cumpla finalmente sus propósitos.

Ahora es necesario que el Plan Departamental de Agua Potable pase de la fase de las ejecutorias al cumplimiento efectivo, con el mejor aprovechamiento de los recursos que se destinen, no sea que después se encuentre que las previsiones se quedaron en el papel, en detrimento de la comunidad que no recibió los beneficios prometidos.

Los alcaldes tienen que asumir con especial dedicación la ejecución del programa que les compete. Es una obra prioritaria la de dotar de agua potable a sus comunidades. El cual no debe tener tratamiento secundario, ni indiferencia y mucho menos politiquería.

Finalmente, los órganos de control deben permanecer atentos y vigilantes para que los cuantiosos y multimillonarios recursos comprometidos en el Plan se inviertan de manera real. No creemos que el Magdalena resista otra frustración más de atraso y subdesarrollo.